Dentro de la vorágine de reformas ideológicas y de desmantelamiento del Estado de Bienestar que está acometiendo el gobierno del PP en estos poco más de 100 días desde que obtuvo su mayoría absoluta, ahora le ha tocado el turno a la sanidad.
Sirva esta entra entrada para hacer algunas reflexiones que me surgen tras la lectura del Real Decreto Ley 16/2012 y de lo que puede ser la norma reglamentaria que necesariamente lo ha de desarrollar a partir del 1 de septiembre.
Escuchando a la ministra Mato (que ya es triste que la titular de esta cartera ministerial tenga precisamente un apellido tan lúgubre) en su comparecencia en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, le escuché justificar las medidas contempladas en el real decreto ley en la necesidad de acabar con los abusos en el ejercicio del derecho a la asistencia sanitaria por los nacionales de otros países que disfrutaban de los que denominó “turismo” sanitario y venían a nuestro país a disfrutar de nuestra mejor asistencia sanitaria.
Cuál fue mi sorpresa al enfrentarme a la norma y encontrarme con que los “turistas sanitarios” eran para la ministra y sus asesores los trabajadores inmigrantes extranjeros que se encuentran en nuestro país en situación irregular, esto es, empadronados en el municipio de residencia, pero sin autorización para trabajar y residir.
Sería como pedir peras al olmo esperar que la ministra, que no supo ver vehículos de lujo de origen gürteliano en el garaje de su casa, que tuviese un mínimo de conciencia social. Pero de ahí a intentar “criminalizar” a los extranjeros, a los inmigrantes y culpabilizarlos de los problemas de la sanidad española, hay un trecho muy grande solamente superado por los partidarios de organizaciones de extrema derecha.
Habría que recordarle a la señora ministra que esos extranjeros que según ella se encuentran de turismo en España han abandonado sus países, han dejado atrás a sus familias huyendo de la miseria, del hambre o de la guerra. Y han venido a nuestro país a labrarse un futuro trabajando de sol a sol en condiciones, muchas veces y precisamente por su situación irregular, infrahumanas.
No son turistas, señora ministra, son trabajadores.
Pero hay más.
¿Qué va a pasar con las trabajadoras inmigrantes que obtuvieron un permiso de trabajo por cuenta propia para trabajar como empleadas del hogar y que ahora con la nueva regulación de esta relación laboral, van a tener que darse de alta en el régimen general de la seguridad social? Ha sido trabajadores hasta ahora mismo. Trabajadoras y cotizantes a la seguridad social, pero de repente van a ver como pierden su permiso de trabajo y, gracias a la reforma, su derecho a asistencia sanitaria.
¿Qué va a pasar con los mayores de 26 años que no se encuentren en ninguno de los supuestos que dan derecho a adquirir la condición de asegurado, es decir no son trabajadores, ni por cuenta ajena, ni propia, ni pensionistas o perceptores de prestaciones de la seguridad social, ni tienen derecho a paro.
Es aquí donde el anunciado reglamento que desarrolle la ley se hace urgente, y por higiene democrática debería informarse a la ciudadanía de cuáles van a ser las líneas directrices de esa regulación.
Porque, así a bote pronto, me surgen muchas dudas: un estudiante becado (especie en vías de extinción gracias al ministro Wert), ¿la beca se considerará ingresos computables a los efectos de ser considerado asegurado? ¿Cuáles serán los límites de ingresos? Los jóvenes que viven con sus padres, ¿se computarán como ingresos los de la unidad familiar en la que conviva? ¿Será obligatorio acreditar la emancipación física del domicilio familiar?
Los beneficiarios de la prestación por desempleo tienen derecho a la asistencia sanitaria, incluso al agotamiento de ésta y en tanto permanezcan inscritos como demandantes de empleo. Pero nada dice la norma de aquellos a los que se les sancione con la pérdida de la prestación por compatibilizar la misma con un trabajo. ¿Qué pasará con estas personas (no son números, son seres humanos), les sancionamos con la exclusión social? Les quitamos el paro y les condenamos a tener que pagarse la asistencia sanitaria.
Y por último, una maldad. Ahora que los jubilados van a tener que adelantar el dinero de sus medicinas, ¿se va a regular algún procedimiento que les garantice el cobro de lo adelantado en ese plazo máximo de seis meses, o pasados varios años tendrán que aceptar una quita en la deuda para cobrar de las comunidades autónomas que se beneficien de un nuevo plan de pago a proveedores y acreedores?
