¿Tienen realmente motivo para reírse?

Han pasado solo 4 días desde que se publicó en el BOE el Real Decreto Ley 3/2012 y ya han corrido ríos de tinta a favor y en contra de él, de los que defienden que serviría para crear empleo y de los que pensamos que lo destruirá más fácilmente, de los que afirman que beneficia a los empresarios, creando unas relaciones laborales más desequilibradas, que crea precariedad y que dudamos de su constitucionalidad, y los que, como la Ministra Báñez creen que creará mejor empleo. Incluso a una responsable política que, en un acto de cinismo mayúsculo, se arroga la representación de los trabajadores tras el decretazo del pasado sábado.

¿Tienen motivos para reír?

Parece que sí. A partir de ahora, en nuestro país una empresa podrá contratar como aprendiz a un joven de 16 años, a razón de diferentes contratos de un máximo de 3 años de duración y con una remuneración por cada contrato, puesto que la norma no dice nada al respecto, de un 75% del SMI el primer año (481,05 €) y de un 85% en los dos años siguientes (545,19 €). Y así hasta los 25 años, o hasta los 30 si no somos capaces de bajar la tasa del desempleo hasta el 15%. Algunos van a recordar con añoranza cuando hablábamos de mileuristas…..

¿Tienen motivos para estar contentos?

No cabe duda alguna. Introduce elementos de flexibilidad interna (supresión de las categorías profesionales, ampliación al salario como supuesto de modificación sustancial de condiciones de trabajo, extensión de las materias de descuelgue y aplicación a los convenios de empresa y no sólo sectoriales, posibilidad de realización de horas extraordinarias en trabajos a tiempo parcial, libre disposición por el empresario como irregular de al menos el 5% de la jornada de trabajo, es decir 91 horas al año) que no se compensan con mecanismos de participación de los trabajadores y sus representantes en la empresa ni con elementos de control público para impedir el abuso. En definitiva, lo llaman flexibilidad interna a lo que otros le llamamos libre voluntad empresarial

Reducen la indemnización por despido improcedente y eliminan los salarios de tramitación. Generalizan el despido indemnizado con 20 días de salario y dicen que es que luchan contra la dualidad del mercado laboral español. Para qué preocuparse en luchar contra el fraude en la contratación temporal si podemos igualar contratos por la vía de reducir indemnizaciones.

¿Tienen motivos para estar felices?

Como no. Al fin han obtenido lo que tanto han reclamado. Se suprime la autorización administrativa para las suspensiones de contrato, reducciones de jornada y despidos colectivos expulsando a los poderes públicos de la fiscalización de sus decisiones por razones económicas (que flexibiliza hasta el paroxismo, al establecer periodos trimestrales con muy difícil control), organizativas o productivas. En particular, el papel de la ITSS queda reducido  a un mero control formal y procedimental.

Ahora bien, no todos los empresarios ríen. No aquellos que están en el tajo al lado de sus trabajadores, como uno más, pasando frío o calor, trabajando. Los que a pesar de la crisis han luchado por mantener los puestos de trabajo porque para ellos sus trabajadores son un valor activo de su empresa. Los han formado, han invertido en ellos y no los quieren perder.

¿Se reirá el hostelero que compruebe que mientras él cumple con sus obligaciones laborales, el del establecimiento de enfrente abusa del nuevo régimen de horas extraordinarias autorizadas al contrato a tiempo parcial?

A estos empresarios también les va a afectar la contrarreforma laboral del Gobierno. Emprendedores que comenzaron su aventura con una legislación que en otra época contribuyó a que se hablara del milagro de la economía española, a la cabeza de Europa en la creación de empleo y que ahora, sorpresas de la vida es denostada y repudiada.

Se habla de la flexibilidad interna como la panacea para superar la crisis. Parece que el hecho de que se supriman categorías profesionales, se reorganicen funciones o se mueva geográficamente y con mayor facilidad al personal va a permitir crear empleo. Facilitemos el descuelgue salarial de las empresas con alegría.

Sin embargo, parece que nos olvidamos que las empresas compiten en el mercado sujetas a un convenio colectivo y ese acuerdo actúa como mecanismo regulador de la competencia entre ellas. Si permitimos que el simple descenso de ventas o ingresos en dos trimestres, ni siquiera un ejercicio económico, sea motivo suficiente para que una de ellas pueda descolgarse en materias fundamentales, definitivamente la pondrá en una situación de ventaja que a la larga será insostenible para el resto de empresas del sector, que se encontrarán en la tesitura de, o acabar con su sueño emprendedor, o claudicar y reducir derechos.

El mensaje que se lanza es claro: se prima la ineficiencia empresarial, bajada de salarios y escaso crecimiento de empleo.

El Gobierno y la patronal tenían dos opciones: reformar el sistema español de relaciones laborales para hacernos más competitivos en clara convergencia hacia los países europeos más avanzados, o hacer que compitiésemos con los países denominados de economías emergentes en donde se obtienen altas tasas de crecimiento a base de menos derechos sociales.

Y el Gobierno se ha decantado por la segunda opción: competir en la economía mundial ofreciendo bajos salarios, precariedad y mayor desregulación.